El Parlamento aprobó el pasado jueves la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, una ley que incluye algunas de las históricas reivindicaciones de la mujer y que obliga, en otros aspectos más controvertidos, a equiparar los dos sexos en determinados puestos de trabajo, garantizando sus cupos en la Administración y en cúpulas directivas de las empresas.
La ley incluye puntos muy positivos, como lo son la ampliación del permiso de paternidad en 15 días, la inclusión de planes de igualdad en las empresas con más de 250 trabajadores o el derecho a reducir la jornada entre un octavo y la mitad por cuidado de menores de ocho años.
Sin embargo, la legislación peca de excesivamente intervencionista al regular la paridad en las listas electorales o al fijar el mismo número de hombres y de mujeres en los consejos de administración de una empresa, relegando a un segundo plano la valía de la persona y priorizando el sexo por encima de otras cuestiones.
La mujer debe lograr la igualdad, pero no sólo en estos dos cuestionables supuestos (listas electorales y empresas), sino en otros aspectos tan importantes como la contratación laboral, iguadad de salarios y la conciliación entre la vida laboral y la familiar, por no hablar de preocupaciones, que lógicamente no se contemplan en la ley, pero que sí preocupan a las mujeres: el incremento de la violencia de género o el elevado porcentaje de mujeres con contratos temporales.
La ley supone un paso adelante en determinadas reivindicaciones sociales y laborales de la mujer, pero debería haber hecho más énfasis en lograr que las féminas puedan tener realmente las mismas oportunidades que los hombres. Ocupar un puesto por simple aplicación de una cuota femenina no es la mejor solución.