Los resultados del referéndum sobre el Estatuto de Andalucía ya estaban de antemano casi pronosticados. El texto se aprobó por una abrumadora mayoría, aunque con tan sólo un 36,2 por ciento de participación. Esa ha sido la noticia de la consulta formulada por el gobierno autónomo.
Al margen de los beneficios que pueda reportar el nuevo estatuto a los andaluces, habría que preguntarse por qué la abstención ha sido tan elevada. Está claro que no se ha producido la movilización esperada de los votantes. Esto es atribuible, en primer término, a que sabían que iban a votar un texto que no ofrecía controversias entre los principales partidos políticos, apoyado por el PSOE, PP e IU, con la sola oposición de los andalucistas. El voto pasó de ser un elemento crucial a algo anecdótico en un contexto que no contó con un debate público suficiente. Un referéndum sin dos posiciones claramente opuestas apoyadas por dos partidos también opuestos no anima a la participación.
En segundo lugar, la abstención deja claro que los andaluces no hicieron suya la consulta sobre un texto que, aunque mejora las competencias del Gobierno andaluz, parece que se queda casi exclusivamente en el plano político y que no tiene presentes los problemas ciudadanos, que son los que más avivan las conciencias y dan el impulso suficiente como acudir a las urnas. El divorcio entre la política y la realidad social se ha puesto de manifiesto en este referéndum, que era, al fin y al cabo, un simple trámite. Así lo ha entendido el electorado andaluz. En Balears pasaría lo mismo si se consultase a la ciudadania para aprobar nuestro Estatut, como ha afirmado el presidente Matas. Aquí no sucederá porque al tratarse de un estatuto de los llamados de vía lenta no es necesario convocar un referéndum. De todas formas, no conviene confundir las cosas. Puede no interesar ir a votar la reforma de un estatuto, pero ello no quiere decir que los andaluces o los baleares no estén a favor de su autonomía y de conseguir mayores cuota de gobierno. Si se celebrase un referéndum para reducir el poder autonómico, para volver al sistema centralista, con toda seguridad la participación sería muy grande, una hipótesis, lógicamente, impensable hoy día.