PEDRO AGUILO MORA
El inicio de la «operación Voramar» contra la corrupción urbanística y el subsiguiente estallido del «caso Andratx» han obligado al Ajuntament que preside Jaume Porsell (PP) a reestructurar de forma sustancial el organigrama funcionarial.
El pleno del Consistorio andritxo aprobó ayer la contratación de cuatro celadores para controlar el correcto cumplimiento de las licencias urbanísticas y de actividades concedidas, y la de otro asesor legal con dedicación exclusiva a los asuntos municipales. Con el concurso full time de un segundo abogado municipal, el equipo de gobierno pretende poner punto y final a las consultorías externas que hasta ahora habían gestionado los servicios jurídicos del Ajuntament.
En referencia a la contratación de los cuatro celadores, el teniente de alcalde Antoni Calafell (PP) manifestó que el municipio no puede seguir contando con un sólo celador. «Es fundamental aumentar el número de celadores ya que con uno solo la situación es insostenible y pasa lo que ha pasado», añadió.
Desde las filas de la oposición, José Àngel Prieto (PSOE) reprochó al gobierno que, tras 14 años con un solo celador, se hayan dado cuenta ahora de que la situación es insostenible. No obstante, Prieto celebró las nuevas incorporaciones aunque recomendó que el incremento de efectivos se lleve a cabo de forma paulatina.
Por otra parte, Antoni Calafell reconoció que la elaboración del presupuesto municipal previsto para el año 2007, aprobado ayer con los únicos votos del PP, se ha visto condicionada por la actual coyuntura.