El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene ante sí nuevos frentes abiertos. El primero, consencuencia de la entrevista publicada por «The Times» al terrorista De Juana Chaos, que ha provocado una reacción en cadena de los presos etarras y el anuncio de unas jornadas de protesta para exigir la amnistía y la autodeterminación. No sólo los presos se movilizan. ETA también lo hace y, según expertos de la policía gala, ha elegido Francia para rearmarse y, además, la «kale borroka» intensifica sus ataques.
A esta complicada situación política hay que añadir todos los interrogantes abiertos en torno al Estatut de Catalunya tras conocer la recusación aceptada por el Tribunal Constitucional del magistrado Pablo Pérez Tremps, una pieza clave a la hora de plantear el encaje del Estatut en la Carta Magna. Mientras el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero manifiesta su respeto y no comenta las decisiones judiciales, las dudas sobre la imparcialidad de los jueces vuelven a planear, unas dudas que afectan de forma muy especial a las decisiones que puedan adoptarse en torno al terrorismo o al Estatut catalán. Por el momento, Pérez Tremps no ha decidido si dimitirá, dejando su puesto a otra persona, que designaría el Ejecutivo y que podría contribuir a despejar definitivamente el camino del texto catalán.
Zapatero tiene ante sí difíciles compromisos que superar, teniendo en cuenta que la sociedad y los partidos políticos están divididos de forma visceral entre dos posturas irreconciliables y extremadamente críticas. Lejos de unir a los ciudadanos, las fuerzas políticas están abriendo un abismo entre quienes apoyan a los socialistas y a los populares. La radicalización de la política no es un buen camino para defender los intereses comunes de los ciudadanos, que esperan soluciones en un panorama político confuso, crispado y poco conciliador.