Fianza millonaria para el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo. El fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, se ha dirigido al juez instructor de la «operación Voramar», Àlvaro Latorre, para que requiera al principal imputado en el «caso Andratx», junto al celador municipal Jaume Gibert, la cantidad de casi 40 millones de euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias que, según el Ministerio Público, habrán de ser declaradas en la sentencia que en su día será dictada por la presunta trama de corrupción urbanística en ese municipio. Los 40 millones de euros cubrirían, según el fiscal, las responsabilidades civiles derivadas de los siguientes delitos: negociaciones prohibidas (1.829.000 euros); cohecho (1.108.200); falsedad y contra la ordenación del territorio (27.007.778) y un tercio más, según previene el artículo 589 de la LEC (9.981.659). El total (39.926.637 euros) es una de las cifras más elevadas de las fijadas últimamente en Balears para garantizar responsabilidades pecuniarias, pero, así y todo, el fiscal Carrau estima que esa cantidad «se ampliará, casi con toda seguridad», ya que el representante del Ministerio Público prevé la demolición de todas las construcciones ilegales de Andratx, así como «el resarcimiento de los que hayan adquirido o construido inmuebles de buena fe».
Hidalgo, junto a Gibert, permaneció 17 días en la cárcel de Palma y salió en libertad bajo una fianza de 100.000 euros, una cantidad que el fiscal calificó de «sensiblemente baja», teniendo en cuenta la gravedad de los delitos imputados (hasta siete), por los que podría ser condenado a 18 años de prisión. Por ello, presentó un recurso de apelación que resolverá la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. La respuesta del abogado defensor de Hidalgo, Rafael Perera, ha sido inmediata. El letrado se ha dirigido al juez Latorre para oponerse «de manera rotunda» a la petición del fiscal, por la «innecesariedad en este momento procesal, de la medida propuesta».En nueve folios, Perera desgrana las razones de la oposición a la petición del Ministerio Público y recuerda que el juez (en una medida que califica de «sumamente acertada») ordenó bloquear todas las cuentas y saldos disponibles a nombre de su cliente y de todas las sociedades en que participa, en todos los bancos y cajas, con prohibición de realizar en las mismas cualquier disposición económica. También, destaca que se están investigando otros bienes o derechos de los que pudiera ser titular Hidalgo en España o en el extranjero, tarea que está desarrollando la Policía Judicial «con gran celo», subraya el letrado.