El fiscal adscrito a Anticorrupción Pedro Horrach, que investiga el «caso Andratx» junto a Juan Carrau, se ha dirigido al Colegio de Arquitectos de Balears para pedirles que informen de todas las obras visadas en ese municipio desde 1997. Las 3.434 viviendas proyectadas serán incorporadas al sumario de la «operación Voramar», en marcha desde el pasado lunes 27 de noviembre y que se ha saldado, por ahora, con la imputación formal del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, el celador municipal, Jaume Gibert, y el ex director d'Ordenació del Territori del Govern Jaume Massot. Los tres están acusados de siete delitos: contra la ordenación del territorio, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedades documentales, tráfico de influencias y asociación ilícita. Los fiscales anticorrupción rastrearán todas las licencias concedidas en el término municipal de Andratx en la última década para comprobar si las irregularidades detectadas en la «operación Voramar», como la emisión de certificados falsos y la comisión del supuesto delito contra la ordenación del territorio, se extienden a ese período concreto.
Precisamente, los tres principales imputados han jugado un papel clave en el explosivo desarrollo urbanístico de Andratx. Hidalgo fue delegado de Urbanismo desde 1991, antes de acceder a la Alcaldía, mientras que Gibert llevaba más de 25 años en el cargo cuando se desencadenó la «operación Voramar». Massot también tuvo durante muchos años la última palabra en temas urbanísticos. El escrito del fiscal Carrau detalla en la «operación Voramar» 23 casos de supuestas falsedades documentales y 28 contra la ordenación de territorio. En el primero de los casos, se exponen irregularidades de diversa índole, como la concesión de certificados falsos para desarrollar supuestas reformas y obras de viviendas en suelo rústico protegido que nunca habían existido. Y en el segundo, se permitía la construcción de casas en lugares en que las normas de protección del territorio lo impedían.
Esa práctica, descubierta tras una prolija investigación del Ministerio Público sobre denuncias de vecinos y del GOB, ha marcado gran parte de la instrucción de la causa dirigida por el juez Àlvaro Latorre. Asimismo, tras la decisión de formar 56 piezas separadas (con cada una de las supuestas licencias irregulares concedidas) y de solicitar al Colegio de Arquitectos que destine un profesional para asesorarle, el magistrado ha dejado claro que dará una gran importancia a los aspectos urbanísticos de la trama. En ese sentido, el fiscal Carrau busca el hilo conductor entre esos supuestos favores urbanísticos y el pago de elevadas comisiones. Hidalgo y Gibert pueden enfrentarse a penas de 18 años de cárcel dada la «gravedad» de los delitos cometidos, según el fiscal Anticorrupción. Ambos se encuentran en libertad bajo fianza de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente.