LEILA SANIEVA
Cuando un inmigrante relata las noches sin dormir que pasaba haciendo colas para conseguir algún documento necesario para legalizar su situación en España, es difícil imaginar lo duro que es hasta que a uno le toca personalmente hacer ese «viaje de veinticinco horas».
La gente empieza a llegar a los juzgados de sa Gerreria a las ocho de la mañana del jueves para estar entre los treinta afortunados que pueden acceder al edificio de los juzgados al día siguiente. Es entonces cuando se empiezan a repartir los treinta números mágicos para arreglar los asuntos de la legalización.
Por la noche, las parejas jóvenes llegaban con sus bebés, se colocaban en una esquina y allí desplegaban los cartones, preparados para pasar una noche muy fría. El ambiente en esas horas es más parecido a un campo de refugiados que a cualquier otra cosa. Cuando empieza a ser insoportable el frío es cuando todos buscan cobijo en la entrada del edificio, para poder dormir un poco, pero las bajas temperaturas hacen imposible conciliar el sueño.
Durante la noche, la gente no dispone de ningún lugar donde hacer sus necesidades, por lo que tienen que hacerlo en la calle. Hasta que llegan las siete de la mañana y empiezan a llegar los funcionarios de los juzgados. La posibilidad de tomar un café caliente de la máquina que está en el vestíbulo se desvanece cuando los funcionarios advierten al grupo que el edificio no abre hasta más tarde.
El malestar entre el colectivo de inmigrantes que sufre estas colas nocturnas va en aumento e incluso se habla de hacer una concentración de protesta.
Cabe recordar que el juez decano de Palma, Francisco Martínez, calificó el viernes de «tercermundistas» las colas de extranjeros ante el Registro Civil con el objetivo de conseguir la nacionalidad española, y reclamó más medios materiales y de personal para poder atender la «desbordante situación». El juez decano calificó de «insostenible» que los extranjeros tengan que esperar en la calle más de veinticuatro horas para poder coger un número del turno y calculó que se necesitan diez funcionarios más para tramitar los expedientes.
De hecho se ha pasado de los 400 expedientes de 1995 a los 2.108 que se registraron en el año pasado. Los dos únicos funcionarios actuales atienden a la semana una media de 60 personas que quieren obtener la nacionalidad española.