El «caso Voramar» y las repercusiones urbanísticas que está teniendo en el municipio centraron ayer los dos plenos que celebró el Ajuntament d'Andratx. A pesar del complicado momento que atraviesa la administración local, equipo de gobierno y oposición fueron incapaces de llegar a un acuerdo ni sobre las medidas urbanísticas a tomar ni sobre las acciones judiciales a emprender.
La oposición criticó duramente al gobierno municipal popular por querer pasar «la patata caliente» de la suspensión de licencias al Consell de Mallorca. El PP aprobó solicitar al organismo insular que considere la posibilidad de suspender el planeamiento urbanístico vigente y de aprobar las Normas Subsidiarias. Pero los tres grupos de la oposición -PSOE, UM y PSM- reclamaron al Ajuntament que sea el propio Consistorio el que suspenda las licencias y no todas. Los socialistas propusieron suspender sólo las licencias nuevas y de ampliaciones y tramitar las obras menores para continuar la actividad constructora del municipio, «mientras el Consell no se haga cargo de las competencias urbanísticas municipales», según subrayó José Angel Prieto.
UM también apoyó esta iniciativa del PSOE y recalcó que la suspensión de licencias por parte del Consell llevará tres meses aprobarla ya que son precisos varios informes de la Comisión Política Territorial y del Consell Consultiu. «Es muy cobarde por no querer asumir esta responsabilidad», dijo Isabel Alemany. El PSM, por su parte, pidió más calma para tomar decisiones en torno a este tema. El alcalde popular Jaume Porsell reiteró que en una próxima reunión con el Consell quedarán determinadas qué competencias asumirá el organismo insular y criticó a la oposición por querer sacar rédito electoral.
Tampoco hubo acuerdo en torno a la subsanación de las deficiencias de las Normas Subsidiarias. La oposición propuso despedir al equipo redactor contratado por el Ajuntament, ya que también podría haber imputados. «No es de fiar», dijo Alemany. «Llevan 8 meses para resolver 56 deficiencias, lo que pone en duda su eficacia y puede dárseles puerta», agregó Prieto. Porsell quiso precisar que el Consell había dado su apoyo a este equipo.
Sí hubo unanimidad en solicitar al Consell la protección de Cala Blanca, una reivindicación histórica del PSM. «Vale la pena haber dedicado cuatro años para salvar un paraje como Cala Blanca», indicó el nacionalistas Gabriel Puigserver. Y también se acordó por unanimidad que el Consell tramite los expedientes de disciplina urbanística dentro de la delegación de competencias.
El Ajuntament tiene intención de personarse en todas aquellas causas que los jueces abran contra cargos públicos o técnicos municipales en calidad de perjudicado, aunque la designación de los letrados fue motivo de polémica entre PP y oposición. El PSOE presentó una moción en este sentido, pero no fue aprobada porque no hubo acuerdo en que los abogados se consensúen. El PP presentó una enmienda en la que precisaban que los letrados deberían tener un apoyo del 66,6 por ciento de la Corporación. UM y PSM dieron su apoyo al PSOE, que anunció que estudiarán personarse por su cuenta en las causas.