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El fiscal basó en informes de notarios el delito de blanqueo de dinero en Andratx

El juez entrega a los abogados personados el grueso del sumario de la «operación Voramar»

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El fiscal Anticorrupción Juan Carrau implica a numerosos promotores y sociedades en la trama de corrupción urbanística de Andratx y, además, confirma el pago de sobornos por licencias para construir en Andratx.

Parte del sumario de la «operación Voramar», entregado ayer a varios abogados personados en la causa, confirma que el fiscal inició las investigaciones el pasado 6 de octubre, y que su relato, con una amplia descripción de los supuestos delitos, justificaría la revocación del auto de excarcelación de los principales imputados, el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y el celador municipal Jaume Gibert, dictado por el juez instructor Alvaro Latorre. Ambos se encuentran en libertad con fianzas de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente.

Para justificar la presunta comisión de un delito de blanqueo de dinero por parte de algunos de los imputados, el fiscal Carrau requirió al Consejo General del Notariado todas las operaciones sospechosas.

Este colectivo de profesionales, igual que abogados y procuradores, está obligado a comunicar las operaciones respecto «a las que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales».

El fiscal Anticorrupción enumera una batería de actuaciones supuestamente irregulares cometidas por los imputados en los últimos años.

De hecho, el sumario de la «operación Voramar» recoge denuncias de diversos colectivos y de particulares sobre anomalías en la concesión de licencias para construir en el municipio de Andratx desde el año 2004, según pudo constatar este diario.

Considera probado, en ese contexto, que la compraventa de la sociedad Prollamp de Ponent S.L. tuvo carácter delictivo, que permitió a Hidalgo y a Gibert embolsarse una suma cercana a los 800.000 euros.

El fiscal considera probada la comisión de los delitos de falsedad, prevaricación urbanística, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra el territorio, contra la hacienda pública, cohecho y negociaciones prohibida a funcionarios. Por ello, anunció en el encuentro con los informadores del pasado jueves que Hidalgo y Gibert podrían ser condenados a 18 años de cárcel.

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