El Parlament dio ayer luz verde a la ley de capitalidad de Palma, que garantizará una inversión aproximada de 100 millones en la capital balear cada año y que permitirá la máxima independencia del consistorio a la hora de diseñar y aprobar los planes urbanísticos que se ejecuten en la ciudad. Precisamente, UM optó por abstenerse en la votación definitiva ya que, en opinión de los socios del PP, la ley «se queda a medio camino en participación ciudadana, en descentralización, y en materia de financiación». «Esta iniciativa elimina cualquier posibilidad de control del urbanismo en la capital; el Consell ya no ejercerá el control supramunicipal y Palma tendrá privilegios», defendió Dolça Mulet, diputada de UM.
Previamente, el conseller d'Interior, José María Rodríguez, defendió la ley elaborada por su departamento. «Palma, como capital, y pese a todos los servicios que presta, jamás ha exigido compensaciones, jamás ha antepuesto sus propios intereses a los de otros municipios», dijo Rodríguez, quien añadió: «La ley de capitalidad no supone para Palma el reconocimiento jurídico y económico de un rango que la sitúe por encima de cualquier otro municipio».Desde el grupo socialista, Celestí Alomar lamentó que el PP no haya sido capaz de alcanzar acuerdos para lograr el consenso. «Es una ley de mayorías absolutas», lamentó. Carme Feliu, del grupo popular, apuntó que el PP había aceptado el 26 por ciento de las enmiendas de la oposición. En un segundo turno, Dolça Mulet reconoció que UM había votado a favor de la propuesta en el Ajuntament de Palma, pero aclaró: «El problema es que hemos perdido seis años y las cosas cambian». Al concluir el pleno, la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, mostró su satisfacción por la aprobación de la ley de capitalidad ya que, en su opinión, «se ha reconocido la deuda histórica con nuestra ciudad». La candidata socialista, Aina Calvo, lamentó que no hubiese habido consenso en la votación definitiva.