Anoche, con la puesta en libertad del que hasta ahora se suponía que era el «cerebro» de la trama, el «caso Andratx» tomó un giro inesperado. Ingresaron en prisión el ex alcalde, Eugenio Hidalgo, y el celador, Jaume Gibert. El ex director general d'Ordenació del Territori, Jaume Massot, quedó en libertad con cargos. Un dato muy revelador que habrá que analizar detenidamente en las próximas horas para calibrar el distinto papel de los tres detenidos en la «operación Voramar». No se puede descartar que se desinfle en parte el alcance de la supuesta trama y se reduzcan los cargos que hasta ahora se les imputaba.
Pero no se puede obviar la alarma social que el caso ha creado entre muchos empresarios de Balears y entidades financieras. Desde que ha saltado el escándalo, y especialmente tras hacerse público el auto judicial, se han difundido nombres de empresarios que, de una manera u otra, tuvieron relación con los tres detenidos. Esta relación no tiene que ser forzosamente ni ilegal ni ilícita, y mucho menos se desprende del auto judicial que estuviesen vinculados en la trama que presuntamente urdieron los tres detenidos.
Por supuesto, ha sido muy imporatante este golpe a la corrupción urbanística, que debe poner freno a una situación escandalosa e insostenible, pero no debe organizarse una injustificada caza de brujas que ponga en peligro la economía balear. Cabe esperar cómo evolucionan las investigaciones y desear que la Justicia resuelva con rapidez el asunto. Y que vuelva la normalidad tras el sobresalto. La «operación Voramar», en su dimensión real, cuando se termine todo el procedimiento, debe ser una garantía de que, en el futuro, todos los negocios inmobiliarios que se hagan no sólo en Andratx sino también en los demás municipios sean plenamente legales.