Cuatro mallorquines, D.B., J.C., A.R. y G.P., prestarán declaración a partir de pasado mañana en el juicio en la Audiencia Nacional acusados de un supuesto delito fiscal en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander. La acusación particular, ejercida por la «Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes», pide para todos ellos cuatro años de prisión y multas superiores al millón de euros, además del abono a Hacienda de las cuotas supuestamente defraudadas.
El principal acusado es el presidente del Santander Centra Hispano (BCH), Emilio Botín, quien comparecerá en el juicio junto a la cúpula de la entidad bancaria, y acusados de gran parte de las filiales de toda España.
La causa que ahora llega a juicio se inició en 1992, a raíz de descubrirse que el Banco Santander ofrecía un producto financiero llamado «cesiones de crédito», mediante el cual los clientes invertían dinero negro, que permanecía oculto a efectos fiscales.A raíz de ello, según la acusación, el referido banco expidió certificaciones falsas con el fin de confundir a la inspección de Hacienda y amparar a los clientes que habían suscrito tales «cesiones de crédito». Ello hasta que, siempre según la acusación, se descubrió el presunto fraude y la connivencia entre el banco y sus clientes, lo que dio lugar a que la Audiencia Nacional tomara cartas en el asunto.
Para Botín, la acusación solicita penas de prisión, por fraude fiscal y falsedades, que superan los 60 años y multa de más de 46 millones de euros de cuyo pago responderá el Banco Santander Central Hispano como presunto responsable civil subsidiario.
Cabe destacar que el fiscal de la Audiencia Nacional no ha formulado acusación, sino que ésta está ejercida por la «Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes», entidad que, desde el primer momento, ha tenido una participación muy activa en la instrucción de la causa y en la reclamación de las eventuales responsabilidades.