J.M. AGUILÓ / M. JUNCOSA
En estas últimas semanas, se ha reabierto un debate que parecía ya cerrado, el de si deben construirse o no las 200 viviendas previstas en primera línea de la futura fachada marítima.
En este sentido, el portavoz del PSOE en Cort, Antoni Roig, señaló que su grupo siempre ha querido «una ciudad abierta al mar, lo que no es compatible con un uso residencial», y por lo que respecta a la posibilidad de tener que indemnizar a los propietarios de los solares en donde están previstas las viviendas si no se construyesen, dijo que en los años noventa el PSOE «ya reivindicó la necesidad de convenios urbanísticos».
Por su parte, la candidata del PSOE a Cort, Aina Calvo, señaló que desearía que el mar fuese «un valor patrimonial del que pueda disfrutar todo el mundo, y el actual proyecto de la fachada marítima no va por ahí».
El portavoz de EU-EV, Eberhard Grosske, dijo que desearía que el solar en primera línea fuera «una prolongación del Parc de la Mar», y sobre las posibles indemnizaciones dijo que no se pronunciaría hasta ver «algún estudio técnico bien fundamentado». En el mismo sentido se pronunció el portavoz del PSM, Bartomeu Carrió.
El candidato de UM a Cort y vicepresidente del Consell, enacionalista Miquel Nadal, indicó, por su parte, que «toda la primera línea debería ser una zona verde», y añadió que ahora «sería una grave irresponsabilidad empezar a dar licencias de obras». Asimismo, dijo que si fuera alcalde propondría a los propietarios de los solares afectados la construcción de las viviendas en otro punto de Palma, y se mostró favorable a la ubicación prevista para el Palacio de Congresos.
Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanisme, epopular Javier Rodrigo de Santos, señaló que las indemnizaciones costarían unos 200 millones de euros o permitir una gran edificabilidad en otras barriadas, «que ninguna de ellas desearía», y añadió que «además, se fomentaría la especulación en segunda línea», en el Polígon de Llevant. «En estos casos, siempre es oportuno comparar», dijo, e hizo referencia a los proyectos de Son Busquets y del Parc Mallorca.
En este sentido, De Santos indicó que de las 1.900 viviendas previstas en la fachada marítima, «sólo 200 estarán en primera línea». Asimismo, destacó que de los 403.554 metros cuadrados que conforman todo el proyecto, un 70'5 por cien, o sea, 287.000 metros cuadrados, «serán de uso público», es decir, calles, zonas verdes y equipamientos, incluido el Palacio de Congresos, mientras que la zona de uso privado -residencial y terciario- supondrá un 29'5 por cien, o sea, 117.000 metros cuadrados. Asimismo, destacó que un 24 por cien de toda la fachada marítima, o sea 98.114 metros cuadrados, será de zonas verdes de uso público.
«El Parc Mallorca, promovido por el Consell, tendrá nada menos que 600 viviendas en una superficie de 52.600 metros cuadrados, con sólo un 6'9 por cien de zonas verdes de uso público, mientras que el proyecto de Son Busquets, promovido por el Gobierno central y mejorado por Cort, tendrá un 55'8 por cien de espacio público y un 44'1 por cien de espacio privado, y me gustaría que todo ello también se tuviera en cuenta cuando se critica la fachada marítima», dijo.
El decano del Colegio de Arquitectos de Balears, Luis Corral, anunció que ha propuesto a Cort la convocatoria de un concurso para realizar la edificación de las 200 viviendas, de acuerdo con los propietarios de los dos solares, Núñez y Navarro y Mapfre. Para Corral, la facha marítima es un proyecto «emblemático», por lo que consideró que los edificios deben ser de calidad contrastadada.
El presidente de CAEB, Josep Oliver, calificó el proyecto de fachada marítima y el Palacio de Congresos de «muy importantes» para la economía balear y se mostró de acuerdo con las normas de edificabilidad elaboradas por Joan Busquets.
Por su parte, el presidente de Pimeco, Pere Ferrer, manifestó su oposición a la construcción de viviendas en la fachada marítima. «Allí sólo podrán vivir unos pocos, nosotros queremos que la primera línea de mar sea patrimonio de todos», añadió.