La vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, que ha mantenido diversas reuniones con los diferentes estamentos del sector, trasladará esas cifras al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en una reunión prevista para el próximo seis de noviembre, en la que abordarán el coste del traspaso en las competencias de Justicia. Las posturas, por ahora, están muy distantes. Madrid sólo ofrece 30,1 millones de euros, frente a los 50 exigidos por el Govern.
En infraestructuras, Madrid está dispuesto a aportar 4 millones, frente a los 101 apuntados en el «Estudio sobre la Administración de Justicia en las Illes Balears». Estaràs se mostró optimista respecto a la consecución de esta cantidad, ya que el informe viene avalado por agentes de todo el sector judicial (asociaciones profesionales, sindicatos y colegios oficiales), y estimó que la trasferencia podría ser una realidad «a finales de este año o en enero», aunque matizó que conseguir la parte correspondiente a las inversiones «costará un poco más».Dijo, asimismo, que el estudio prevé la construcción de edificios judiciales en Eivissa, Manacor, Inca, Ciutadella, Maò y Palma, con una inversión global de 72,97 millones de euros, de los que 49,22 millones corresponden al de Palma, ya que el Ejecutivo prevé separar la Audiencia y el TSJB, que actualmente comparten dependencias.