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El adjudicatario de un estudio del Govern niega vinculaciones directas con Asaja

«Asaja-Sevilla participa en el ICAM como otras entidades», afirma su director general

J.J.SERRA
El director general del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), Daniel Pérez, negó ayer una relación o vinculación directa con Asaja-Sevilla y señaló que «Asaja participa en nuestro instituto de igual manera que participan empresas agrarias, universidades y colegios profesionales».

Como se recordará, Unió de Pagesos acusó, la semana pasada, a la Conselleria d'Agricultura i Pesca de adjudicar, por un importe de 600.000 euros, un estudio sobre la situación de la agricultura balear al ICAM como medio de financiación de Asaja «como organización amiga», estableciendo una vinculación entre el ICAM, Asaja-Sevilla y Asaja-Balears.

Daniel Pérez rechazó ayer estas acusaciones y desmintió, en referencia a lo afirmado por Unió de Pagesos, que él tenga alguna relación con Asaja-Sevilla, «ni siquiera el ICAM comparte sede con Asaja-Sevilla», tal como se dijo desde Unió de Pagesos. «El presidente de Asaja-Sevilla es vicepresidente del ICAM, del mismo modo que representantes de otras entidades también son vicepresidentes del ICAM», añadió.

Pérez visitó ayer Palma en companía de Jaime Lamo de Espinosa y Ramón Tamames, que son los co-directores del estudio, para reunirse con la consellera Margalida Moner y su equipo del departamento autonómico, y con las organizaciones integrantes del Consell Agrari Interinsular para establecer un primer contacto para la elaboración del informe.

Lamo de Espinosa explicó que «los miembros del grupo de trabajo del estudio recogerán información y documentación sobre la agricultura de Balears y visitarán las Islas para incorporar datos de primera mano y sobre el terreno». El ex ministro de Agricultura con UCD indicó que «a partir de las peculiaridades de la agricultura balear, tales como la insularidad o el peso específico del turismo, elaboraremos un diagnóstico de la situación y presentaremos, con el 15 de marzo como fecha límite, un listado de conclusiones, acompañado de algunas recomendaciones y propuestas de actuaciones».

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