El PSOE insiste en que un policía o un guardia civil experto en blanqueo de dinero sea el encargado de investigar a los altos cargos con responsabilidades, especialmente en adjudicación y urbanismo. Esta es la propuesta de los socialistas que fue ayer presentada por Antoni Diéguez al portavoz del grupo popular, Joan Huguet, en la primera reunión entre PP y PSOE para pactar la fórmula que debe emplearse para investigar el patrimonio de los políticos. Huguet es partidario de que este órgano que investigue no invada competencias de las fuerzas de seguridad y que, además, esté sometido a informes de la Sindicatura de Comptes.
El portavoz del PP planteó la posibilidad de que la ley de acompañamiento de los Presupuestos incluya una norma específica para determinar la fórmula de investigación. Huguet es partidario de crear lo que ha denominado una «oficina de transparencia» que tenga competencias sobre todos los cargos públicos si, finalmente, no se produce ningún acuerdo con los grupos de la oposición. «Lo que no queremos transmitir desde el PP es la sensación de que estamos inmersos en un barrizal de casos de corrupción», señaló Huguet en rueda de prensa conjunta con Diéguez.
Para el diputado socialista, el objetivo es que el nuevo organismo comience a trabajar con rapidez para que pueda entrar en vigor en esta misma legislatura. Diéguez cree que, al margen de inspeccionar las declaraciones de IRPF, debe llegarse «hasta lo que aparentemente no se ve».
Pese a las diferencias entre PP y PSOE, tanto Diéguez como Huguet coincidieron en que existe disposición para alcanzar un acuerdo. Huguet y Diéguez mantendrán más reuniones en las próximas semanas para intentar llegar al consenso. Los dos diputados pretenden que la propuesta tenga también el visto bueno del resto de grupos parlamentarios.
Estos contactos se han producido después de que en el pleno del martes no se aprobase una moción de los socialistas ya que el PP se oponía a la fórmula para investigar a los cargos políticos. Durante el plenario, el propio Diéguez fue objeto de una sutil denuncia por parte del conseller José María Rodríguez, que acusó al diputado socialista de tener un despacho de intereses.