El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó un acuerdo con la Iglesia católica por el cual ésta dejará de percibir la asignación directa que contemplaban los presupuestos generales del Estado a cambio de incrementar la aportación de los contribuyentes en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento. Lo mismo sucederá con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), según declaraba ayer el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
Se trata de un primer paso con vistas a la autofinanciación de la Iglesia católica que ha dejado «moderadamente» satisfechas a ambas partes.
Es cierto que hay quienes defienden que la Iglesia debe buscarse sus propios mecanismos de financiación, al margen de cualquier intervención del Estado. Y también existen algunos expertos que muestran su desacuerdo con los tributos finalistas, es decir, aquellos que tienen un destino concreto y no pueden destinarse a otros menesteres.
Pero es evidente que la Iglesia como tal está desarrollando importantes tareas sociales, alcanzando en múltiples ocasiones ámbitos a los que no llega la Administración y cubriendo necesidades perentorias de muchas personas que, de otro modo, no tendrían la más mínima esperanza, al igual que sucede con muchas ONG.
Es, por tanto, lógico que se establezcan vías de colaboración mutuas y, aunque técnicamente pueda plantear algunas dudas a determinados expertos, la solución acordada puede contribuir no ya sólo a mejorar la financiación de la Iglesia, sino además a crear mecanismos de menor dependencia por lo que se refiere a la cuestión económica.