La Conselleria de Turisme ha dado cuenta al Consell de Mallorca, ayuntamientos, Direcció General de Consum, así como al Colegio de Notarios y Colegio de Registradores, de operaciones de compraventa fraudulentas de apartamentos turísticos por viviendas, por incumplir toda la normativa vigente en materia turística y urbanística.
Turisme ha detectado, hasta la fecha, 280 apartamentos turísticos que están siendo objeto de operaciones de compraventa como viviendas residenciales, sin que los compradores sepan en ningún momento que lo que están adquiriendo son unidades de alojamiento turístico.
«Estas ventas son totalmente ilegales, porque incumplen toda la normativa vigente y pasan por alto todo el proceso de cambios de uso. Es por ello, que se están vendiendo a la brava y de forma directa apartamentos turísticos sin adecuarse a las exigencias urbanísticas y sin darse de baja en la Conselleria de Turisme. Los ayuntamientos ya están avisados y actuarán con todo el peso de la ley para erradicar estas ventas», indicaron desde la Conselleria de Turisme.
La Mesa del Turismo está debatiendo precisamente en estos momentos todo lo relacionado con los cambios de uso, de ahí que al detectarse estas operaciones de compraventa, «ha surgido la alarma, principalmente por la actitud especuladora de los propietarios, que están actuando al margen de la ley. Aquí, se encuadra la notificación que hemos remitido al Colegio de Notarios y al Colegio de Registradores, para que estén informados de este fraude y comprueben la situación real de uso de los apartamentos que se están vendiendo en las zonas turísticas de Mallorca», explica el director general de Ordenación, Josep Aloy.
El hecho en sí es que, para realizar un cambio de uso turístico a residencial, hay que darse de baja en la Conselleria de Turisme, tener resuelto todo el tema laboral y adaptarse a los planeamientos urbanísticos territoriales y municipales. «Estas premisas se han incumplido de forma absoluta en este caso, por lo que urge actuar duramente, incoar el expediente sancionador y que los ayuntamientos apliquen la sanción más alta, que puede superar los varios millones de euros», puntualiza Aloy.