La banda terrorista ETA, en un nuevo comunicado difundido por el diario «Gara», afirmaba que el proceso de paz «está en crisis» y achacaba la responsabilidad al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el escrito, además, advierte que si no se desactivan lo que considera «medidas represivas de los Estados», ETA responderá.
Las reacciones, como era previsible, no se han hecho esperar y desde el Ejecutivo vasco se ha pedido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que dé los primeros pasos para la adopción de ciertas medidas penitenciarias para presos de la organización, al mismo tiempo que afirma que ETA no puede tutelar el proceso. Desde el PSOE se insiste en que no se va a pagar ningún precio político por la paz. Mientras que el Partido Popular (PP) sigue sosteniendo la postura del regreso a la firmeza en la política antiterrorista.
Existen dos posiciones encontradas en cuanto al análisis del trasfondo del comunicado etarra. La primera de ellas es que el llamado «proceso de paz» ha encallado y los terroristas comienzan a dar síntomas de hartazgo. La segunda opinión es la de que nos encontramos ante un simple escollo más en el siempre complejo camino de la disolución de la banda.
Es evidente que lo último sería lo deseable, que se tratara de uno de los últimos estertores de una macabra organización que ha teñido de sangre múltiples rincones del Estado.
Si, por contra, se tratara de lo primero, estaríamos en una compleja situación de la que los únicos culpables serían los terroristas. El Gobierno tenía y sigue teniendo la obligación de buscar el fin de la banda y de explorar las mejores vías para ello. Pero en ningún momento debemos olvidar que, tratándose de quien se trata, los riesgos siguen existiendo.