El Govern balear, a través de la Direcció General de Salut y la Direcció General de Consum, tramita dos expedientes sancionadores contra la unión temporal de empresas que gestiona los servicios funerarios de Ciutadella.
Las denuncias presentadas por la Associació en Defensa de la Propietat -que agrupa a los titulares de propiedades funerarias de Ciutadella- han canalizado el gran descontento popular que ha generado la mala gestión de la UTE formada por Edifincas Menorca -un influyente grupo financiero local- y Funeraria Bonet.
La asociación denunció ante la Conselleria de Salut, con la aportación de pruebas documentales, las exhumaciones ilegales de 25 fallecidos. En 19 casos no se había obtenido ninguna autorización y en los otros seis, tras haber sido descubierta la mala gestión. También fue denunciada la tentativa de exhumaciones no practicadas; manipulación de restos cadavéricos de seis personas, y la incineración ilegal de al menos once cadáveres, sin permisos del departamento que dirige Aina Castillo.
Esta asociación ciudadana se formó el 2005, tras entrar en vigor los nuevos reglamentos funerarios que provocaron el rechazo de la población. La normativa incluyó medidas tan injustas como multar con 750 euros la pérdida o deterioro del título (una cartulina que vale un euro) o con 3.000 euros y la caducidad de la concesión por dejar en testamento la propiedad funeraria sin permiso municipal.