El gerente de la Regidoria d'Urbanisme del Ajuntament, Juan José Ferrando, declaró ayer ante el fiscal Anticorrupció de Balears, Juan Carrau, en calidad de imputado «de un posible delito de prevaricación administrativa», en el marco de las diligencias previas informativas abiertas tras la denuncia presentada el pasado 21 de marzo por la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y similares de Baleares contra la Gerència d'Urbanisme. El viernes de la pasada semana ya había declarado, por el mismo motivo, el jefe del Servei de Control d'Activitats de la Regidoria d'Urbanisme de Cort, Antonio Rego, quien señaló que nunca recibió ningún tipo de presión política ni de indicación por parte del teniente de alcalde de Urbanisme, epopular Javier Rodrigo de Santos, para que paralizase algún expediente o lo tramitase de una forma determinada. En el mismo sentido se pronunció Ferrando.
La mencionada asociación consideraba que Cort debería haber tramitado las denuncias que presentó contra 56 locales de ocio y obligarles a que paralizasen la actividad musical en los espacios exteriores. Todo ello, en base a un auto, de 7 de diciembre de 2005, por el que se prohibía, de forma cautelar, la actividad musical en la terraza del local Megapark, del empresario Bartomeu Cursach.
Cabe recordar que en la Gerència d'Urbanisme del 16 de febrero, Ferrando consideró conveniente realizar un estudio jurídico previo para saber el alcance del citado auto, y a la vez entablar conversaciones con el sector, a los efectos de determinar si era necesario un cambio en las ordenanzas municipales, posibilidad que finalmente se rechazó. Pero ello en ningún caso supuso, según recordó el gerente de Urbanisme ayer, la paralización de ningún trámite administrativo, ya que el proceso siguió su curso y los expedientes se empezaron a tramitar a partir de marzo, una vez que la Policia Local hubo comprobado los hechos contenidos en cada una de las denuncias. Por ello, Ferrando expresó su sorpresa al fiscal por el hecho de haber sido citado a declarar, y recordó que los citados expedientes han dado lugar ya a dos órdenes de cierre, además de haberse archivado otros nueve. Asimismo, las denuncias han dado lugar a más de cien expedientes, que se siguen tramitando.