El Govern permitirá a los ayuntamientos la posibilidad de establecer un recargo sobre la electricidad para financiar el soterramiento de las líneas eléctricas. El PP ha presentado una enmienda a la ley municipal que posibilita la creación de un «gravamen municipal sobre las tarifas eléctricas». La enmienda faculta a los municipios a aprobar ordenanzas fiscales sobre las tarifas eléctricas, que deberán ser abonadas por los consumidores, es decir, un impuesto sobre la electricidad consumida.
La enmienda establece que los ayuntamientos podrán adoptar este acuerdo si se logra el voto favorable de las dos terceras partes del Consistorio. Esta mismo porcentaje será necesario para la aprobación de los proyectos de soterramiento, la integración medioambiental y la integración urbanística de las redes de transporte y distribución de energía.
La enmienda incorpora el tipo de gravamen y la base que se gravará está en función del consumo eléctrico. Quedarán exentos de pagar este impuesto quienes consuman hasta 3.000 kilovatios y, a partir de ahí, se establece una escala creciente en función del consumo total. El Govern estima que el pago medio de cada familia será de unos 20 euros. El organismo recaudador será el propio ayuntamiento, que podrá crear una empresa destinada específicamente a este cometido.