El jefe del Servei de Control d'Activitats de la Regidoria de Urbanisme del Ajuntament, Antonio Rego, declaró ayer ante el fiscal Anticorrupció de Balears, Juan Carrau, en calidad de imputado «de un posible delito de prevaricación administrativa», en el marco de las diligencias previas informativas abiertas tras la denuncia presentada el pasado 21 de marzo por la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y similares de Baleares contra la Gerència d'Urbanisme. En principio, también debía declarar ayer, por la misma causa, el gerente de Urbanisme, Juan José Ferrando, que ahora se encuentra de vacaciones y que prestará declaración ante el fiscal el próximo 21 de julio.
Rego dijo, durante su declaración, que nunca recibió ningún tipo de presión política ni de indicación por parte del teniente de alcalde de Urbanisme, epopular Javier Rodrigo de Santos, para que paralizase algún expediente o lo tramitase de una forma determinada.
Cabe recordar que la mencionada asociación consideraba que Cort debería haber tramitado las denuncias que presentó contra 56 locales de ocio y obligarles a que paralizasen la actividad musical en los espacios exteriores. Todo ello, en base a un auto, de 7 de diciembre de 2005, por el que se prohibía, de forma cautelar, la actividad musical en la terraza del local Megapark, propiedad del empresario Bartomeu Cursach.