En su tradicional discurso anual pronunciado ante el consejo de gobierno del Banco de España, su gobernador ha alertado ante la vulnerabilidad que supone para la economía el creciente endeudamiento de las familias, y también de las empresas, del país. Los gastos de las familias españolas siguen creciendo más que sus ingresos, lo que les lleva a recurrir cada vez más al crédito, que ya supera el 110% de su renta bruta disponible, 10 puntos más que el pasado año y 20 puntos por encima del promedio de la zona euro.
Una situación muy delicada, especialmente para las familias de rentas más bajas, si se tiene en cuenta la previsible subida de los tipos de interés. Hay que pensar, por ejemplo, que el esfuerzo familiar para comprar un piso -la construcción es una de las actividades más relacionadas con la intensa inflación- supone los ingresos de 6,4 años. Durante el último lustro, se ha registrado una gran disparidad entre la renta familiar y el precio de la vivienda, ya que mientras la renta ha aumentado un 25,6%, la vivienda ha subido un 80 por ciento.
Todo ello debe llevar al Gobierno a desarrollar nuevas políticas de vivienda y a fomentar una contención en el quehacer de un sector inmobiliario que sigue disparado. Por otra parte, una revisión de la legislación que rige el mercado hipotecario -parcialmente propuesta ya por el PP- y que atienda más a los intereses de los titulares de una hipoteca, podría igualmente contribuir a paliar los riesgos que hoy se están corriendo.
Tal vez, en definitiva, todo se reduce a que desde el poder se delimiten los objetivos de la economía de España y la economía de los españoles que, teorías aparte, no siempre son coincidentes.