Los aeropuertos de Maó, Eivissa y Son Sant Joan tendrán su propio consejo de administración y órganos de gestión, así como un consejo asesor y un comité auditor, todo ello enfocado a mejorar su efectividad y dar solución a las problemas que cada isla tiene, según el documento de mínimos presentado por el Comité Asesor en Materia de Cogestión Aeroportuaria, que ha sido asumido por el Govern, según informó ayer la consellera Mabel Cabrer, tras la reunión mantenida en el Consolat de Mar con los representantes de este comité.
Cabrer y el asesor del Govern en materia aeronáutica, el ex presidente de AENA Fernando Piña, explicaron que en el documento de mínimos queda recogida la filosofía y el modelo de actuación en materia de gestión aeroportuaria que se quiere en Balears.
En este documento se aclara que la titularidad de los aeropuertos de las Islas será pública y no privada, «porque se contempla al transporte aéreo como un servicio público», y quedan al margen las competencias en materia de Navegación Aérea y de los ministerios de Defensa e Interior, que seguirán siendo estatales.Se aboga por el mantenimiento en red que mantiene actualmente AENA, pero con la aclaración importante de que cada aeropuerto insular es concebido como una unidad de gestión, que contará con un consejo de administración (es el que nombrará al director del aeropuerto), un consejo asesor (fijará los aspectos económicos, sociales y los que defina el Estatut) y un comité auditor (determinará los criterios de eficacia en la gestión).
Las competencias del consejo de administración en cada aeropuerto irán centradas a optimizar los aspectos comerciales, calidad de servicios, concesión de «slots» (movimientos de aviones en franja horaria), temas laborales, concesión del «handling» (atención en tierra a pasajeros y aviones) y precios. Todo ello, junto al plan director que se tendrá que hacer en cada aeropuerto, «mejorarán la competitividad y se podrán solventar mucho mejor los problemas de desestacionalización».
Cabrer y Piña indicaron que el director de cada aeropuerto «tendrá un caríz profesional y no político, porque la gestión se hará con criterios empresariales, eficacia y optimización de costes».
La participación estatal y del sector privado se tendrá que definir.