El colectivo de jueces y magistrados de Palma (más de un centenar) está molesto porque el Ministerio de Justicia no les ha abonado el plus de productividad correspondiente a 2005, según explicó a este diario el juez decano de Palma, Francisco Martínez. Por ello, algunos de ellos se están planteando rebajar el ritmo de trabajo, es decir, dictar menos sentencias, providencias, autos, que agravaría el colapso histórico que padece la Administración de justicia en Balears. Según dijo Martínez, «el hecho de que hayan quedado en el aire determinados módulos, conforme a una regulación de retribuciones, puede inducir a un juez a bajar la guardia, aunque no de manera intencionada».
Los jueces que superaban el 120 por ciento de productividad tenían unos incentivos económicos, según la iniciativa del Ministerio de Justicia dirigida a primar al juez «trabajador» y, al mismo tiempo, reducir los tiempos de resolución de los pleitos. Pero, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo anuló ese sistema retributivo. «Deben establecerse unos nuevos módulos que nos permitan cobrar la retribución variable a la que tenemos derecho», afirmó el juez decano de Palma, que abordó esa cuestión con el resto de sus colegas de toda España en una reunión celebrada esta semana en Pamplona.
Con respecto a la posibilidad de que jueces y magistrados inicien una huelga de celo encubierta, Martínez lo negó. «No hay una huelga en el sentido de decir que nos hemos puesto de acuerdo, pero sí hay un cierto desencanto, muy lógico, porque el juez puede pensar 'para que correr tanto si al fin y al cabo no me van a pagar'», señaló. La productividad de los jueces y magistrados de Balears es una de las más elevadas de España, según los datos recogidos en la Memoria Judicial. Ponen sentencias los fines de semanas, a pesar de que un principio el colectivo no estaba de acuerdo en el sistema de pluses porque no deseaban convertirse en jueces «productivistas». Si un juez dicta un número de resoluciones por encima de los módulos preestablecidos, a partir de ahí puede ser incentivado con cantidades que pueden oscilar entre las 600 y 1.200 euros. Muchos de ellos opinan que a un juez no se le tiene que pagar de acuerdo al número de sus resoluciones, sino en todo caso, por la calidad de las mismas.