El inicio del juicio contra los presuntos asesinos del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Àngel Blanco, cuya muerte acaeció hace ahora ya nueve años, ha registrado incidentes e insultos lamentables. Aunque es cierto que la actitud de los presuntos asesinos Javier García Gaztelu «Txapote» e Irantzu Galleztegui «Amaia», chulesca y desafiante con el tribunal y con los familiares del fallecido, merece una severa reprobación, no se puede caer en la tentación de responder a la provocación con violencia.
Tampoco es de recibo reivindicar en el juicio la pena de muerte, afortunadamente abolida con el ordenamiento constitucional que aprobamos todos en referéndum en 1978. Y mucho menos responsabilizar al Gobierno de las actitudes de unos asesinos por el simple hecho de que se esfuerce en iniciar un proceso de paz que ansiamos todos. Conviene, por tanto, desligar y separar convenientemente la responsabilidad penal de quienes han delinquido de todo el proceso político que ha puesto en marcha José Luis Rodríguez Zapatero.
En un Estado de derecho, todo el peso de la ley debe caer sobre «Txapote» y «Amaia» si el tribunal los considera responsables de los luctuosos sucesos por los que se les juzga. Por su parte, el Ejecutivo debe seguir explorando las vías para conseguir alcanzar la deseada paz. Sería caer en el juego de los más sanguinarios violentos de la banda terrorista que algunos sectores de la sociedad y del Partido Popular pretendieran utilizar de forma partidista los sentimientos, aún muy vivos, que despierta revivir la historia de aquellas trágicas 48 horas de 1997.
La experiencia vivida a lo largo de cuatro décadas debiera conducir a pensar que debemos conceder una oportunidad a la paz.