MARIA QUES
Durante 2005 los centros acreditados para la práctica de la Interrupción Voluntaria de embarazo notificaron 2.480 abortos, de los cuales el 95 por ciento se realizaron en centros privados y sólo el 5 por ciento en centros públicos.
Según los informes de la Dirección General de Salud Pública, la mayoría de casos notificados, 2.090 en concreto, eran de mujeres residentes en Mallorca, 138 en Menorca y 223 en Eivissa.
No obstante, estos datos se han «de interpretar con prudencia». Así, a la cifra final hay que añadir un 14 por ciento más de interrupciones voluntarias del embarazo, ya que las mujeres que se someten a una intervención para abortar en otras comunidades autónomas como Catalunya o Valencia, provienen de Eivissa y Menorca.
El diputado socialista Miquel Gascón recordó que estas cifras contradicen las afirmaciones de la consellera de Salud, Aina Castillo, realizadas en el Parlament, en el sentido que la «tendencia había cambiado, ya que en el año 2003 hubo 2.670 abortos y en el 2004 se realizaron 2.395.
Para Gascón se comprueba que esta afirmación «no es cierta ya que en el 2005, el número ha vuelto a aumentar».
Para el socialista «lo más grave es que en el boletín epidemiológico no se contabilicen los abortos de las mujeres de Menorca u Eivissa, y que lo hicieran otras comunidades».
Finalmente, añadiendo estos datos y restando el 1,1% que corresponde a las mujeres de otras comunidades autónomas, «2.802 mujeres de Balears han abortado en 2005».
De éstas tan sólo hay un 38 por ciento de mujeres extranjeras, por lo tanto, afirmó el diputado y doctor, que la consellera «volvió a mentir en una respuesta parlamentaria en la que atribuyó el incremento de interrupciones de embarazo a la inmigración».
Pero lo más alarmante es que el 13% de los abortos que se realizaron en Balears se practicaron a menores de 20 años y un 50% a menores de 29 años.
En la mayoría de los casos las usuarias tenían estudios y un 52% buscó antes de la intervención información fuera de los circuitos sanitarios.
Para Miquel Gascón «estas cifras demuestran que las campañas informativas que se hacen en los centros educativos y dirigidas a la población en general no funcionan».