Todos los grupos, salvo Unió Mallorquina (UM), votaron ayer a favor de poner en marcha el laborioso proceso del traspaso de competencias en materia de Juventud a los consells insulares. UM, que gobierna el Consell de Mallorca, justificó su oposición a la toma en consideración de la iniciativa del Govern del PP aduciendo que el presupuesto para gestionar las competencias perjudica a Mallorca. Así lo expresó la portavoz del partido en esta materia, Dolça Mulet, vicepresidenta del consell mallorquín. Este asunto cerró la larga sesión plenaria, última del actual periodo de sesiones, que celebró la Cámara balear y que estuvo marcada por el debate sobre el Estatut. El resto de cuestiones, incluida una interpelación del PSOE a la consellera Rosa Puig (de Presidència, que gestiona las políticas sociales) sobre el Institut Balear de la Dona, se discutieron como quien cumple un mero trámite y, en muchas ocasiones, con un salón de sesiones semivacío.
El punto más álgido de la sesión se vivió durante el turno de preguntas al Ejecutivo. La polémica sobre Son Espases, la financiación de la sanidad y la política educativa marcaron las preguntas. A raíz de una pregunta de la diputada Joana Lluïsa Mascaró (PSM) sobre las subvenciones a la Asociación Familiar (AFA), Rosa Estaràs detalló que esta entidad había recibido 40.000 euros en 2004; 248.000 en 2005 y 289.000 en 2006. Mascaró reprochó al Govern la apuesta del Ejecutivo por la citada entidad. Estaràs recordó las subvenciones que daba el Pacte a «entidades afines» y defendió a Perez Argüelles (presidente de AFA), al que han pinchado las ruedas de su coche y ha recibido «ataques cibernéticos» a su web. Mascaró citó informaciones del «diario del régimen» [así llamó a «El Mundo»] para intentar demostrar que AFA marcaba la línea de la política educativa del Govern de Matas.
Aina Rado (PSIB) y la consellera Rosa Puig protagonizaron el debate en torno al Institut Balear de la Dona. Rado cuestionó la política de este organismo encargado de gestionar las iniciativas a favor de la igualdad de la mujer, y criticó que cediera parte de su cometido a una fundación. Puig dijo que el IBD cada vez tenía más presupuesto y explicó que ahora hay siete mujeres en pisos para mujeres maltratadas. El pleno también rechazó una moción del PSIB sobre vivienda.