P.CANDIA/E.LÓPEZ VERDÚ
Además, insistieron en que, en caso de incumplimiento del requerimiento, «se levantará acta y se dará traslado al Ministerio Fiscal». Ésta es la primera ocasión en que se ordena el desalojo de un edificio judicial en España por sus precarias condiciones.
El juez decano de Palma, Francisco Martínez, al tener conocimiento de la orden de cierre implícita de las instalaciones y en representación de sus compañeros de lo Penal, acordó «acatar en todos sus términos las conclusiones de la autoridad inspectora como organismo competente en el ámbito de las atribuciones que le corresponden», según refleja el comunicado de prensa que distribuyó ayer.
El lamentable estado del inmueble, denunciado hasta la saciedad por los sindicatos CSI-CSIF, UGT-Justicia y los propios jueces y funcionarios afectados (unos 80), también llegó a conocimiento de las asociaciones profesionales de jueces. En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia exigieron la «inmediata dimisión del gerente de Justicia en Balears (Joaquín Vaquero) por «su nefasta actuación».