Los miembros de la comisión no permanente para las políticas integrales de la discapacidad del grupo popular en el Congreso de los Diputados, acompañados por el diputado Miguel Angel Martín Soledad; la Consellera de Presidència, Rosa Puig; y el presidente de s'Institut de Serveis Socials, Antoni Serra; manifestaron ayer su preocupación por la aplicación de la futura ley de dependencia, texto «cuya aplicación estricta constituirá un paso atrás en Balears», destacó el portavoz de la comisión, Francisco Vañó, quien acusó al PSOE de castigar a las comunidades que «hasta ahora lo han hecho bien como Balears».
El portavoz calificó la expectativa de gasto en términos porcentuales para la financiación de la ley de dependencia del Gobierno socialista de «tomadura de pelo». El PSOE «sabe vender muy bien, después no hay nada. De los 1.000 millones de euros que presupuestó el Ejecutivo, los Presupuestos Generales recogieron 50 millones en 2005 y 200 millones en 2006».
Port su parte, Puig denunció que la ley «excluye» servicios importantes como los concernientes a viviendas tuteladas, discapacitados mentales, ocupación laboral o atención temprana «que asume el Govern balear».
Puig criticó «el importante incumplimiento» en materia de financiación que el Gobierno socialista mantiene con el Govern balear: «Hace dos años que asumimos en solitario la construcción de los centros de Joan Crespí o el centro para enfermos de Alzheimer y Parkinson del Hospital Militar».
Puig lamentó que la cantidad confirmada por el Gobierno central para Balears, en 2006, es de 3 millones de euros, «cuando cada una de las 20 residencias para mayores y personas dependientes que financia el Govern balear cuesta entre 6 y 7 millones. Madrid no financia ni la mitad de una sola de las 20 residencias que paga el Govern de Balears en la actualidad».