El Govern acepta introducir cambios en la ley del suelo sin variar su filosofía

NEKANE DOMBLÀS
El director general d'Ordenació del Territori, Jaume Massot, aseguró ayer que el Govern está dispuesto a introducir modificaciones en el proyecto de ley del suelo siempre que los cambios no desvirtúen la filosofía del texto. El alto cargo del Govern realizó estas declaraciones en el transcurso de un debate sobre esta ley organizado por el Colegio de Notarios. Además de Massot, al debate acudieron representantes de todos los partidos políticos. También estuvieron invitados el presidente del Col.legi d'Arquitectes, Lluís Corral; el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Gabriel Oliver, y el profesor de Derecho Administrativo de la UIB, Bartomeu Colom. Massot defendió el proyecto de ley al asegurar que permitirá liberar suelo que hasta ahora se ha retenido con fines especulativos, lo que tendrá efectos directos en el precio de la vivienda, que no subirá como en los últimos años.

Además de Jaume Massot, el proyecto de ley fue defendido por el presidente de los promotores de las Islas, Gabriel Oliver, quien, pese a ello, aseguró que no es un texto pensado para ellos. «No es la ley de los promotores y de la construcción», señaló. La ley sí servirá para contener el precio de la vivienda, según Oliver, quien además aseguró que coincide «en un 80 por ciento» con el proyecto que en estos momentos está en fase de elaboración por parte del Gobierno central. Bartomeu Colom apoyó algunos aspectos de la ley desde el punto de vista jurídico, pero reconoció que algunos aspectos pueden ser mejorables porque, en algunos casos, pueden ir en contra de la autonomía municipal. De muy distinta forma opinaron los representantes de los partidos políticos. Las críticas de UM fueron especialmente significativas ya que se trata del partido que apoya al Govern. Miquel Angel Grimalt pidió que se realicen cambios sustanciales porque la ley da ventaja a los infractores y crea unas condiciones legales que facilitarán la urbanización desmedida. También criticó que se trata de una ley confusa que creará inseguridad jurídica.

Joan Boned (PSOE), Maria Antònia Vadell (PSM) y Miquel Angel Llauger (Alternativa-EU-EV) coincidieron en la mayor parte de sus argumentos a la hora de criticar la ley. Aseguraron que está pensada para poner más suelo a disposición de los promotores, en lugar de apostar por la reconversión territorial. También denunciaron que la ley no incluye medidas de protección adicionales en suelo rústico, hasta el punto de que en algunos aspectos rebaja la protección. Además consideraron insuficiente que sólo se obligue a un 30 por ciento de viviendas protegidas.