La Asociación Dislexia y Familia de Baleares (Disfam) celebró que la Ley Orgánica de Educación (LOE), que ayer entró en vigor, contempla por primera vez las necesidades específicas de los niños con este trastorno, un colectivo que supone entre el 10 y el 15% de la población escolar.
La portavoz y fundadora de Disfam, Araceli Salas, se reunió ayer con el delegado del Gobierno, Ramon Socías, para analizar las repercusiones del artículo 71 de la LOE para los alumnos que padecen dislexia.
Esta ley, apuntó Salas, «abre las puertas a las familias que han sufrido mucho la falta de recursos y de reconocimiento» y que sólo podían contar con «la buena voluntad» de los docentes. Hasta ahora existía un vacío legal y, en consecuencia, a nivel de centros y de políticas educativas la dislexia no se está detectando a tiempo y estos alumnos pasan muy frecuentemente por ser malos estudiantes».
La portavoz de Disfam dijo que «ahora le toca mover ficha a la Conselleria d'Educació, poniendo en marcha directrices, algo para lo que hasta ahora nos decían que faltaba una ley básica desde la que partir».
Aclaró que los disléxicos son niños con un coeficiente intelectual «normal» o incluso «superior» a la media, lo único que requieren es de un sistema de aprendizaje distinto porque tienen dificultad para «automatizar» la lectura, por lo que desde pequeños suelen tener problemas emocionales. Los niños disléxicos requieren de un material didáctico adaptado.