La vocal en representación del personal y del comité de empresa en el consejo de administración de Caixa de Balears «Sa Nostra», Margalida Barceló, ha impugnado ante el Juzgado de lo Mercantil los acuerdos del consejo de administración en sesión del 20 de marzo de 2006, en los que adoptó por mayoría la valoración como inoportuna de la actuación llevada a cabo por el comité ético durante el proceso electoral de la entidad y la creación de una comisión para que elabore una propuesta de modificación del funcionamiento del citado comité ético. La demanda argumenta que la simple convocatoria de un consejo para tratar, como único punto del orden del día, la valoración del comité ético en el proceso electoral atenta contra la ley y los estatutos. Indica que se pretende valorar y, en su caso reprobar, la actuación de un órgano independiente encargado de controlar el cumplimiento del código ético por parte de los órganos de gobierno de la caja de ahorros. Sostiene que la valoración de la actuación de este órgano precisamente en el proceso electoral supone interferir en competencias de la comisión de control y añade que existen dos informes jurídicos previos a la convocatoria del consejo que desaconsejan su celebración al entender se estaba excediendo sus competencias.
La demandante remitió, tras el consejo, un escrito al presidente de la comisión de control, otro al presidente del comité de ética y otro al conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Ramis de Ayreflor, a efectos de obtener la suspensión de los acuerdos del consejo de administración por entender que eran contrarios a los estatutos y normativa vigente. Entre las causas de impugnación, la demanda alega «falta de legitimación absoluta» del consejo de administración para censurar al comité ético y aún menos para decidir la creación de una comisión para proponer normas de funcionamiento, ya que asegura que el consejo de administración pretendía «el control» del comité ético.
Cabe recordar que el comité ético es un órgano colegiado creado por la asamblea general en octubre de 2002 encargado de garantizar el cumplimiento del código ético de Sa Nostra por parte de todos los órganos y colectivos de la caja. La demanda argumenta que el comité es un órgano de control independiente del consejo de administración.