La Unión Temporal de Empresas (UTE) Contratas Ambulancias Emergencias y Transportes Sanitarios Isleños será, una vez se haya concretado la adjudicación por parte del IB-Salut, la empresa encargada del servicio de transporte terrestre urgente de Mallorca. Así lo confirmó ayer el doctor José María García Ruiz, responsable de la UTE, quien explicó que la mesa de contratación del servicio de ambulancias urgentes de Mallorca dio a conocer ayer la puntuación final del concurso para la concesión para los tres próximos años del citado servicio, en el que la empresa de García Ruiz ha obtenido una puntuación de 74,5 puntos frente a los 52 de la actual concesionaria del servicio, la UTE SSG Centre Mèdic de Llevant S.L. Por su parte, fuentes del IB-Salut han confirmado que ayer se llevó a cabo la cuarta y última reunión de la Mesa de Contratación y que la UTE Contratas Ambulancias Emergencias y Transportes Sanitarios Isleños es, de las dos presentadas, la que mayor puntuación ha obtenido. Aunque todavía hace falta proceder a la adjudicación del servicio de ambulancias que deberá ser rubricada, se espera que en los próximos días, por el director gerente del IB-Salut, Sergio Bertrán.
El doctor García Ruiz mostró ayer su «satisfacción» por el fallo de la Mesa de Contratación, tal y como explica en un comunicado la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) en la que está integrada la citada UTE. García Ruiz dijo que el servicio contará con un total de 29 ambulancias, «las 25 con las que ya contaba actualmente y cuatro más que nosotros hemos presentado en nuestra oferta», concretó. El presupuesto de licitación para los tres años -de febrero de 2006 a febrero de 2009- se ha establecido en 13.763.667,73 euros.
La UTE que cubre el servicio desde el 1 de enero de 2003 manifestó su intención de no prorrogar el contrato que mantiene con el IB-Salut, sosteniendo que no querían solicitar prórroga del servicio por el incremento de la actividad en el transporte sanitario, que puede superar el 6% en relación a 2004, y en la existencia de una desviación entre el coste estimado de la oferta contratada y el coste real que supone la prestación del servicio.