El teniente de alcalde de Urbanisme del Ajuntament, epopular Javier Rodrigo de Santos, explicó ayer la situación en que se encuentran las fincas ubicadas en los números 15 y 17 de la calle Antoni Pons. De Santos estaba acompañado por la regidora de Serveis Socials, la popular Margalida Ferrando. Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre, un total de once familias tuvieron que abandonar los pisos en que vivían, ante el riesgo de un posible derrumbe de ambas fincas, al haberse hundido parte del terreno tras una rotura de una conducción de Emaya. Poco antes, habían aparecido grietas en los números 15, 17, 19 y 24. Un informe del Col.legi Oficial d'Arquitectes de Balears determinó en diciembre que un mal asentamiento del terreno, provocado por las constantes fugas de aguas residuales en los edificios ubicados en los números 17 y 19, habría provocado la rotura de dicha tubería de Emaya por cuatro puntos los días 10 y 11 de noviembre.
Cort realojó a las familias afectadas a través del Patronat Municipal de l'Habitatge y de Serveis Socials. Dichas familias viven ahora en pisos en los que no tienen que pagar alquiler. De Santos dijo que un reciente informe técnico recomienda que los edificios situados en los números 15 y 17 sean derruidos y reconstruidos de nuevo, ya que el coste económico de su rehabilitación integral, sin derruirlos, sería superior. Si Cort sigue dicha recomendación, tendrá que declarar la ruina de ambos edificios y comunicarla a los cuatro propietarios de los distintos pisos, lo que, de hecho, supondría la ruptura de los contratos de arrendamiento, y que tres familias que vivían en el número 15 y seis que vivían en el número 17 «se queden en la calle». De Santos recordó que la propietaria de la mayor parte de los pisos se encuentra en una residencia y que el Ajuntament quiere llegar a un acuerdo con sus familiares, y con los otros tres propietarios, que pasaría por la redacción de un nuevo contrato de arrendamiento. De Santos reiteró en diversas ocasiones que la máxima prioridad y preocupación de Cort es resolver la «problemática social» existente en este caso. «En condiciones normales, ya se habría declarado la ruina», señaló.
Por otra parte, el yerno de una inquilina que vivía en el número 15, que el martes por la noche entró en la finca tras haber descubierto que alguien había retirado el precinto, abandonó ayer por la tarde el piso tras hablar con la Policia Local.