En la sentencia se considera probado que el condenado pidió la renovación de la cédula de habitabilidad para el municipio de Bunyola y, cuando se le requirió el original, aportó una de un domicilio de Palma manipulada. En la sentencia se reconoce que la vivienda del acusado nunca tuvo cédula de habitabilidad, ya que la vivienda era ilegal y se afirma que el propósito de la manipulación era legalizarla.
A pesar de que el acusado negó haber sido el autor de la manipulación, la sentencia considera que él era el único beneficiario de la falsificación, por lo que considera irrelevante que fuera otra persona quien reprodujera y manipulara la cédula original. La sentencia le condena a seis meses de prisión a pesar de que el fiscal pedía una pena de dos años y la acusación particular solicitaba que se le impusiera un año de prisión. El acusado no tendrá que ir a la cárcel, ya que no tiene antecedentes, porque la pena impuesta es inferior a tres años.
La magistrada le condena además al pago de las costas procesales y acuerda una inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio durante los seis meses de condena. También deberá pagar una multa de seis euros diarios mientras dure la condena. El acusado tiene la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial de Palma.