«Ha sido una sorpresa mayúscula. Es un fallo totalmente injusto y inexplicable». Así recibía el alcalde de Capdepera, Joan Ferrer, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) a favor de GESA que reconocía a la empresa energética su derecho a prolongar la línea aérea existente pese a la normativa municipal que prevé el soterramiento del cableado eléctrico.
«Acatamos la sentencia pero no la compartimos en absoluto. No podemos entender de ninguna de las maneras que un juez anule acuerdos legales tomados por la junta de gobierno y por pleno, y lo que es muy fuerte es que nos anule la adaptación de las Normas Subsidiarias al Plan Director Energético. Esto deja sin autonomía a los ayuntamientos».
Así se expresaba ebatle que aseguraba que «esta sentencia ha creado malestar en los partidos que conforman el Ajuntament. De hecho, mañana habrá junta de portavoces para analizar las medidas que se pueden tomar al respecto».
Ferrer cree que seguirán adelante. «Nuestros abogados nos informarán sobre si se puede interponer algún recurso contra esta resolución judicial o a qué instancias se puede recorrer».
Por otra parte, el alcalde garantizó que las relaciones con GESA seguirán siendo cordiales y que la vía del diálogo sería siempre la solución al conflicto. También anunció Ferrer que el convenio entre la empresa energética, el Ajuntament y el Govern para asumir el coste del soterramiento del cableado se firmará pronto.
«Hemos creado la empresa pública con dos objetivos y uno de ellos es para asumir el coste. Después se cargaría en los recibos de los usuarios», concluyó Ferrer.
El conflicto energético se inició años atrás. Desde 1997, GESA ha ido reclamando la necesidad de construcción de la nueva subestación en la zona de Capdepera. El 1 de febrero de 2002, el Govern balear dio el visto bueno a la subestación. En el mes de junio de 2002 fue solicitada la licencia municipal de obras para construir la citada subestación y el Ajuntament de Capdepera denegó en marzo de 2004 la licencia de la prolongación de la línea aérea de Osopa. Fue cuando empezó la batalla jurídica.