Un grupo de inmigrantes subsaharianos que entró a España a bordo de pateras por las costas canarias ha intentado, sin éxito, obtener la autorización de permiso de trabajo y residencia en Palma. Los jueces de lo contencioso administrativo han rechazado de plano los recursos presentados por algunos de ellos tras la primera negativa de la Delegación de Gobierno de Balears. El caso más paradigmático es el de Mady Traore, que a preguntas de la jueza admitió que entró en patera por Fuerteventura el 21 de agosto de 2004. El inmigrante intentó acogerse al proceso de regularización que le permitiría obtener «los papeles» si logra demostrar que residía en España antes del 8 de agosto de 2004. Para ello, alegó que se había empadronado en el municipio de Palma en un domicilio de la calle Nuestra Señora de Bonany.
La jueza señala en la sentencia desestimatoria del recurso que es de «claridad meridiana» que el recurrente no ostenta la posibilidad de participar en el procedimiento extraordinario de regularización, «dado que llegó a España de forma clandestina al venir en patera y sin control de frontera alguno».
El Gobierno exige a los inmigrantes documentos públicos «fehacientes» para demostrar que residían en España antes del 8 de agosto de 2004. Entre ellos, admiten el sello del pasaporte en la entrada por una frontera española e, incluso, una multa de tráfico.