El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley que modifica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones e inició la tramitación para transferir las competencias de juventud a los consells insulars. Con la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se fija un tipo testimonial del 1 por ciento sobre el valor de la herencia, en el caso de padres a hijos y cónyuge, mientras que las donaciones, y también en el supuesto de padres a hijos y cónyuge, se fija un tipo del 7 por ciento sobre el valor de la transmisión. Con esta modificación, que ha sido anunciada en distintas ocasiones por el conseller d'Economia, Lluís Ramis de Ayreflor, el Govern dejará de ingresar el próximo año 47 millones de euros. Ramis de Ayreflor reiteró que se trata de un impuesto injusto y que Balears será una de las pocas comunidades que lo eliminará parcialmente.
Asimismo, el Consell de Govern aprobó el traspaso de las competencias de juventud a los consells insulars. La consellera de Presidència, Rosa Puig, destacó que la reunión de la comisión que debatirá estas transferencias se ha fijado para el 20 de abril y comentó que la cantidad económica que se transfiere es mayor al dinero que ahora gestiona el Govern para estas mismas competencias. El Ejecutivo transferirá 2,8 millones al Consell de Mallorca, 796.457 al Consell de Menorca y 796.457 al Consell d'Eivissa i Formentera.
Por otro lado, el Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria d'Immigració, ha aprobado la creación de la Agencia de Cooperación Internacional, un organismo de colaboración e intercambio con otras entidades públicas y privadas. Este organismo se encargará de instruir y resolver las subvenciones y gestionar la financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo de acuerdo con la programación de la dirección general competente. Entre otros asuntos, el Consell de Govern ratificó ayer la Mesa General de Negociación para el desarrollo de la acción sindical de las juntas de personal, comités de empresa, delegados de personal y secciones sindicales en la Administración de la Comunitat Autònoma. Este acuerdo representa una potenciación para que las organizaciones sindicales puedan realizar su labor en el ámbito de la función pública.