El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley del suelo, un texto legal que estaba pendiente desde el año 1991, y que ha nacido con una amplia participación tras aceptar el 80 por ciento de las alegaciones presentadas por casi una veintena de entidades. Desde que en 1991 el Tribunal Constitucional anuló la ley del suelo y advirtió que se trataba de una competencia autonómica, el Govern había sido incapaz de aprobar un texto legal de estas características. De hecho, Balears era la única comunidad autónoma que no disponía de una ley del suelo propia. Tras muchos meses de consultas, el Consell de Govern dió ayer luz verde al proyecto elaborado por la Conselleria d'Obres Públiques. El objetivo del departamento que dirige la consellera Mabel Cabrer era que la ley fuese lo más consensuada posible. En total se han presentado 400 alegaciones que, en opinión del Govern, han sido muy constructivas y han supuesto «una mejora para el texto del proyecto de ley». El Ejecutivo destaca la gran colaboración que han prestado el Consell Insular de Mallorca y el Consell Insular d'Eivissa-Formentera en el proceso de elaboración del proyecto de ley.
De todas las alegaciones se han aceptado el 80 por ciento de las mismas. Esto implica, en opinión del Govern, que el documento llega a su tramitación parlamentaria con un índice de participación muy alto. La ley del suelo unifica todas las regulaciones sin alterar sustancialmente los planteamientos actualmente en vigor. De esta manera resultará mucho más sencillo su adaptación, según alega el departamento que dirige Mabel Cabrer. Además, el documento introduce autorizaciones judiciales en los usos excepcionales del suelo rústico para que así los consells insulars tengan mayor facilidad para evitar la indisciplina urbanística.
La figura del agente colaborador que incluye la ley se concibe como un colaborador de los propietarios. De hecho, sólo actuará en caso de que los mismos propietarios lo requieran y en cualquier momento se puede subrogar. Una de las medidas más importantes que contempla la ley del suelo está vinculada a las viviendas de promoción oficial. El texto elaborado por Obres Públiques prevé que el 30 por ciento de los nuevos suelos se destinen a vivienda de protección pública, aunque quedan excluidos los municipios que no superen los 3.000 habitantes.