Parece el guión disparatado de un director de cine italiano de los años cincuenta, pero es la más pura y dura realidad, aunque mueva a risa. La policía irrumpe en el Ayuntamiento de Marbella y lleva a cabo una redada, llevándose detenidas nada menos que a veinte personas, entre ellas la alcaldesa, heredera del partido que fundó el fallecido Jesús Gil, además de abogados y concejales.
Los delitos que se les presupone son, claro, relacionados con la corrupción, que parecía haberse impuesto en la Administración local de la joya más brillante de la Costa del Sol. Malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas son los delitos que se les imputan a los detenidos, que están relacionados con negocios inmobiliarios y presunto blanqueo de dinero.
Lo cierto es que el sentir general a la hora de conocer la noticia ha sido el elocuente «ya era hora», porque el hecho de que la corrupción campara a sus anchas por Marbella era vox populi desde hacía décadas y aunque Jesús Gil, verdadero promotor de este tipo de entramados para esquilmar el territorio y enriquecer a unos cuantos constructores y políticos, pasó varias temporadas en la cárcel, el «negocio» no cerró en ningún momento, hasta esta nueva intervención de las autoridades judiciales.
Hoy la Fiscalía Anticorrupción ha decidido volver a poner sus ojos en el «cortijo» marbellí para zanjar el asunto de una vez por todas y en esas está, porque la operación sigue abierta. Lo triste del caso es que esta Corporación municipal que presidía Marisol Yagüe, igual que las anteriores -sobre las que también pesan un montón de condenas- gozaban del favor popular traducido en miles de votos.