El Govern pactó ayer con los tres consells insulars negociar con el Ministerio de Fomento un convenio de carreteras «sin fisuras» en el que se intentará conseguir la financiación de casi 700 millones de euros en proyectos viarios. El president del Govern, Jaume Matas, se reunió en el Consolat de Mar con el vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal; Pere Palau, presidente del Consell d'Eivissa i Formentera, y Joana Barceló, presidenta del Consell de Menorca. Tras el encuentro preparatorio de la reunión que se celebrará mañana en el Ministerio de Fomento, Matas recalcó que el objetivo es «conseguir el dinero» y concretó que el Govern hará de puente entre los consells y el Ministerio de Fomento «para conseguir el dinero» prometido por Zapatero. Inicialmente, el Gobierno central propuso un convenio para financiar obras por valor de 569 millones hasta el año 2020. Los tres consells han presentado proyectos que suman casi 700 millones, aunque Matas aclaró que habrá flexibilidad en la negociación. Miquel Nadal apostilló que los proyectos que no sean financiados por Fomento, serán impulsados por el propio Consell de Mallorca.
«Hemos de ir con un espíritu positivo a negociar», pidió Nadal. En la misma línea se pronunció Pere Palau, quien se mostró abierto a firmar un convenio «lo más ambicioso posible». «No habrá posturas radicales», sentenció. Joana Barceló destacó el buen clima que se ha generado para acudir a la negociación y estuvo de acuerdo en plantear «una postura conjunta ante Fomento». Precisamente, Barceló pretende que en lugar de firmar un convenio se pacten tres, uno con cada consell. Matas estuvo de acuerdo, aunque el president advirtió que la propuesta de Barceló debía ser viable jurídicamente. Todos los consells quieren la encomienda de gestión del convenio. Es decir, acometerían las obras en solitario y luego reclamarían el dinero a Fomento.
En el listado de peticiones, Mallorca reclama 424 millones en obras viarias frente a los 190 millones que pide Eivissa y los 68 que reclama Menorca. En este caso, Mallorca y Menorca creen que se tiene que tener en cuenta el reparto previsto en la ley de transferencias de carreteras.