El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, Santiago Pinsach, dictó ayer un auto en el que ordena a la Conselleria d'Obres Públiques la paralización cautelar de las obras de la autovía del aeropuerto en Can Malalt. Se trata de una medida «con carácter cautelarísimo» y «solo en el caso de que esté prevista una nueva actuación o entrada» en las fincas de José Planells y Antoni Planells, las dos en las que hay viviendas. La resolución insta a la Delegación del Gobierno a que, mientras dure esta medida, «se abstenga de auxiliar con la fuerza pública a la Administración expropiante respecto a las dos fincas referidas» y ordena a la UTE Accesos Ibiza que no realice ninguna actuación en los terrenos.
El juez requiere a la Conselleria a que indique si tiene previsto o no realizar nuevas actuaciones en Can Malalt, y, en su caso, que especifique fechas y zona afectada y si hay previsión de solicitar autorización judicial al respecto. Le pide que detalle «en virtud de qué criterios, informes, planos o documentos se adoptó la decisión reiterada de entrar en estas dos fincas los días 8 y 13 de marzo, calificándolas como lugares que no dependían del consentimiento de su titular y, por tanto, exentos de autorización judicial; no obstante la advertencia y negativa inicial a facilitar el auxilio de la fuerza pública por parte de la Delegación del Gobierno de Balears, y si se trató o no de una decisión conveniente y previamente informada por los servicios jurídicos de la administración». En los fundamentos jurídicos, el juez también determina que aprecia indicios de delito por violación de domicilio y contra el ejercicio de los derechos cívicos e insta a que se continúe tramitando la causa penal. Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.