Govern, consells y ayuntamientos estarán obligados a destinar a la compra de suelo o a actuaciones ambientales y patrimoniales todos los recursos económicos que obtengan de las sanciones por urbanismo ilegal. Es uno de los aspectos más novedosos del borrador de ley del suelo que ayer presentó la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer. En el caso de los ayuntamientos, deberán destinar a este propósito al menos el 60 por ciento de sus ingresos.
El anteproyecto recoge la obligación de que el 30 por ciento del nuevo suelo se destine a VPO, algo ya anunciado por la consellera. Pero no es el único aspecto de la ley que pretende incidir en la creación de suelo específico para vivienda protegida. La ley faculta al Consell de Mallorca a ampliar del 7 por ciento al 10 por ciento el límite de crecimiento que fija el Plan Territorial siempre que este remanente sea para construir VPO. Esta medida deberá aplicarse en colaboración con los ayuntamientos afectados.
Otra de las novedades más significativas de la ley es la cesión de competencias a los consells para que sean las instituciones insulares quienes actúen de primera mano cuando se producen obras ilegales. Para ello, la actual figura del interés general se sustituye por las llamadas «autorizaciones territoriales», que permitirán actuar a las instituciones en casos de indisciplina.