El Govern quiere hacerse con el control de todo el dinero que el Gobierno central aporta a los ayuntamientos y a los consells en concepto de financiación municipal e insular. Esta polémica propuesta está incluida en el anteproyecto de ley municipal y de régimen local que el conseller d'Interior, José María Rodríguez, presentó públicamente hace una semanas.
En su artículo 200, el anteproyecto asegura textualmente: «La participación de los entes locales en los ingresos del Estado y en subvenciones no condicionadas del Estado se percibirá a través del Govern de les Illes Balears, que distribuirá los fondos de acuerdo con los criterios legales establecidos por el Estado».
El conseller d'Interior reconoció que el Govern quiere hacerse con el control de todos los fondos que los ayuntamientos y consells reciben de Madrid. «El Govern actuaría como intermediario directo ante el Gobierno central para que los 63 municipios de las Islas no tengan que realizar la negociación uno a uno», señaló. A cambio, el conseller aseguró que el Govern se comprometería a fijar fondos adicionales para los ayuntamientos.
De esta forma, el Ejecutivo de Jaume Matas se haría con la gestión de los más de 400 millones de euros que los ayuntamientos y los consells reciben anualmente del Gobierno central. La cifra concreta fue que recibieron las instituciones locales fue de 409 millones en 2004, el último año económico que está disponible.
La propuesta planteada por el conseller d'Interior, José María Rodríguez, no está exenta de política. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, Luciano Parejo, uno de los más reputados juristas en derecho público, considera que esta propuesta no tiene encaje constitucional ya que la relación entre el Estado y el poder municipal debe establecerse de forma bilateral, sin la intermediación de la autoridad autonómica, en este caso el Govern.
No es la única medida de tutela financiera municipal que fija el anteproyecto de ley de Rodríguez. En su artículo 201, el texto obliga a las entidades locales a comunicar el presupuesto y su correspondiente liquidación al Govern.
El anteproyecto de ley añade que la actividad de autorización del endeudamiento municipal y la fiscalización de las cuentas tendrá por objeto «el control de legalidad de la actividad económica financiera de las administraciones locales» ya sea siguiendo los criterios de «oportunidad» o de «eficacia».