Apenas unas horas después de que comenzara el congreso de las víctimas del terrorismo, en el que no sentó nada bien la ausencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se anuncia la dimisión -para después del verano- del alto comisionado Gregorio Peces Barba, encargado de las relaciones del Ejecutivo con las asociaciones de víctimas. Desde hace tiempo han venido aflorando las divergencias entre unos grupos y otros, la politización de que son objeto algunas agrupaciones y el malestar de muchos con la política que está llevando a cabo Zapatero.
Pero éste es un momento crucial, delicado, en el que sería mucho más aconsejable el silencio y la prudencia, a la espera de que empiecen a verse resultados. Si, como se supone, el Gobierno está dando pasos encaminados a la consecución de una salida pacífica al conflicto vasco, todos los implicados deberían estar callados, atentos y con los dedos cruzados para ver si así nuestro país logra el sueño de contemplar el final de ETA, que ayer volvió a dar otro susto con la colocación de una furgoneta-bomba.
Claro que a lo largo y ancho de los contactos con una banda terrorista se producen cesiones. Todos los gobiernos que ha tenido España desde el fin de la dictadura han intentado alcanzar ese acuerdo que convirtiera a nuestro país en un lugar de paz, sin conseguirlo. Puede que hoy el momento sea más propicio gracias a las medidas políticas -la ley de partidos-, judiciales y policiales llevadas a cabo en los últimos años, lo que ha logrado desbaratar la actividad terrorista de ETA. En estas horas, los demócratas quizá tengamos alguna oportunidad. Pero el precio nunca debe estar por encima de la Justicia y el respeto hacia quienes han padecido al azote del terror.