Un mes después de que comenzara en la Audiencia Provincial el macrojuicio contra el clan de Son Banya por presuntos delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, se ha producido en el edificio un incendio intencionado que sólo ha podido ser controlado cuando los vecinos, alertados por las alarmas y el humo, han llamado a los bomberos. Es una situación, a todas luces, preocupante, porque hace un mes, a plena luz del día y en el corazón mismo de la Audiencia, algunos familiares y amigos de los acusados agredieron impunemente a los periodistas que cubrían allí la información, porque el edificio apenas contaba con servicios de seguridad y protección. Ahora ocurre algo parecido. Y no es la primera vez, pues en julio pasado ya se declaró un fuego intencionado en los juzgados de sa Gerreria, seguramente persiguiendo la destrucción de documentos judiciales que comprometen a ciertas personas; además del episodio en que un individo entró armado en los juzgados de Vía Alemania cuando únicamente operaba un guardia jurado.
La falta de seguridad en los edificios judiciales viene siendo denunciada por los sindicatos desde hace años y, precisamente, el Ministerio de Justicia ha respondido recientemente con un fuerte recorte del presupuesto destinado a garantizar la protección de quienes trabajan allí.
Se trata de un problema sobre el que hay que reflexionar, puesto que si cualquier empresa mediana dispone de sus recursos en materia de seguridad, cuánto más necesitarán los juzgados, a donde acuden diariamente delincuentes, a veces peligrosos, y donde se tramitan asuntos delicados en los que ciertas personas pueden tener la tentación de intervenir de manera poco ortodoxa.