El proyecto de ley del suelo pretende convertirse en una herramienta que permita agilizar los interminables trámites administrativos del urbanismo, a la par que incluya medidas para tratar de contener el imparable crecimiento del precio del suelo. La consellera añadió que la obligatoriedad de destinar una cuarta parte del suelo a viviendas protegidas es una de las medidas para tratar de abaratar el precio de la vivienda, pero no es la única. Recordó que la ley de acompañamiento de los presupuestos ya obliga a fijar una reserva de suelo público en todos los municipios.
«Históricamente, los ayuntamientos han optado por el dinero de los aprovechamientos urbanísticos, en lugar de elegir los solares que ofrecen los promotores», explicó Mabel Cabrer. Dada la precariedad financiera de muchos consistorios, se optaba por la liquidez monetaria inmediata, en lugar de hacerse con solares para la posterior construcción de viviendas. Esta situación ha provocado que la mayor parte de los municipios de las Islas apenas tengan solares en los que construir vivienda protegida. Con la aprobación de la ley de acompañamiento, los ayuntamientos tienen también la obligación de crear un patrimonio público de suelo con el objetivo de destinarlo a la construcción de vivienda,
La obligación de crear esta reserva de suelo y, junto a ello, de que el 25 por ciento de las viviendas sean de protección oficial incidirá en el precio de los pisos, según la consellera d'Obres Públiques. Sin embargo, Cabrer también asegura que, desde un punto de vista realista, es impensable pensar que el precio de la vivienda bajará en Balears. «La ley del suelo no será una fórmula mágica para bajar el precio de la vivienda», explicó la consellera Mabel Cabrer.