Más de la mitad de los españoles desconfía de la Justicia por considerar que los tribunales funcionan mal, disponen de pocos medios y resultan lentos, además de conceder un trato desigual a los ciudadanos. Es un dato estremecedor, si tenemos en cuenta que la universalidad de la justicia es uno de los pilares del Estado de derecho y, por ende, de la democracia.
Con estos antecedentes, no sorprende tanto saber que los juzgados de Balears acumulan más de mil casos de violencia de género sin resolver, otro dato que da mucho que pensar y que lamentar. Porque los juzgados amontonan miles de casos pendientes de toda índole, un drama personal en muchas ocasiones, pero que se atasque la resolución de delitos de violencia doméstica es, con toda seguridad, una tragedia. Porque en eso estamos todos de acuerdo: una mujer -en excepcionales ocasiones también un hombre y demasiado a menudo, los hijos- amenazada de muerte por su compañero sentimental está en la cuerda floja; su vida pende de un hilo. Y esa circunstancia debería obligar a las autoridades -desde los políticos a los jueces, pasando por las fuerzas de seguridad- a ponerse en alerta máxima.
No se puede consentir que la falta de medios, de personal, de partidas económicas, de espacio físico o de lo que sea impidan la toma de decisiones rápidas y enérgicas para contener un fenómeno que ya se ha desbordado demasiado. La ciudadanía en general está sensibilizadísima con este tema y nuestros dirigentes deben hacer lo propio, es decir, priorizar la resolución de unos casos que, por desgracia, ya se ha comprobado que muchas veces culminan con la muerte de una persona, o de varias. No permitamos que en nuestro entorno, en Balears, suceda algo parecido.